La Corte Constitucional (CC) de Ecuador ha convocado para el 21 de noviembre de 2025 a una audiencia pública, reservada y telemática en el marco del Caso Las Malvinas, que investiga la desaparición y el posterior asesinato de cuatro menores —Josué, Ismael, Nehemías y Steven— tras su detención por una patrulla militar en diciembre de 2024.
La convocatoria fue dispuesta por la jueza Alejandra Cárdenas, quien tomó conocimiento de una Acción Extraordinaria de Protección presentada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) junto con el padre de uno de los niños, luego de que un tribunal penal revocara un fallo anterior que reconocía la desaparición forzada.
De acuerdo con la agenda oficial de la Corte Constitucional, la audiencia comenzará a las 10:00 AM y se extenderá hasta las 16:30. El propósito de este encuentro es recoger elementos de prueba y testimonios para preparar el proyecto de sentencia.
Están citadas múltiples autoridades políticas, militares y policiales, entre las que destacan:
- Henry Delgado Salvador, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
- Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa Nacional.
- Pablo Dávila, comandante general de la Policía Nacional.
- John Reimberg, ministro del Interior.
- Juan Carlos Larrea, Procurador General del Estado.
Además, también han sido convocados los padres de los menores, jueces de la Sala Penal (incluida la Penal Militar y la Penal Policial) que intervinieron en instancias previas, así como expertos, universidades, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos interesados que podrían participar como amicus curiae.
Este proceso se torna clave porque los fallos de la Corte Constitucional, cuando se emiten sobre acciones extraordinarias de protección, tienen carácter definitivo: son de última instancia, obligatorios y no apelables.
Con esta convocatoria, la Corte busca asegurar un debate amplio y transparente sobre las presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas en el caso Las Malvinas, mientras las familias de las víctimas esperan que la justicia constitucional ponga sobre la mesa todas las responsabilidades institucionales.
