Guayaquil, 12 de noviembre 2025. El presidente Daniel Noboa ha puesto sobre la mesa una de las propuestas políticas más polémicas de su administración: la convocatoria a una Asamblea Constituyente para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Según el Ejecutivo, esta iniciativa busca “depurar” las instituciones del Estado y modernizar la estructura política del país, con el objetivo de devolver la confianza ciudadana en los organismos de control.
El CPCCS, creado con la Constitución de Montecristi en 2008, ha sido objeto de cuestionamientos desde su origen por su papel en la designación de autoridades del Estado. Diversos actores políticos han señalado que este organismo perdió su esencia de participación ciudadana y se convirtió en un espacio de disputa de poder e intereses. Frente a este panorama, el Gobierno sostiene que la eliminación del Consejo permitiría fortalecer la independencia de las funciones estatales y evitar duplicidades en las tareas de control.
Una propuesta que divide al país
El planteamiento de Noboa ha generado debate en todos los sectores. Quienes respaldan la medida consideran que el CPCCS representa una estructura obsoleta y que su desaparición abriría paso a un sistema más transparente y eficiente. En cambio, críticos de la propuesta advierten que una Asamblea Constituyente podría implicar un riesgo político si no existe claridad en los mecanismos de transición ni en la redistribución de funciones que dejaría vacantes el organismo.
Entre la reforma y la gobernabilidad
El Gobierno de Daniel Noboa ha insistido en que su propuesta no busca concentrar poder, sino corregir distorsiones que han debilitado la gestión pública. Sin embargo, la discusión sobre la vía jurídica adecuada —si debe realizarse por medio de una enmienda, reforma o constituyente— continúa abierta. Mientras tanto, el debate sobre el futuro del CPCCS se perfila como uno de los ejes más importantes del panorama político ecuatoriano en los próximos meses.
