Guayaquil, 11 de noviembre 2025. El ministro del Interior, John Reimberg, encendió las alarmas sobre el poder económico que habrían alcanzado las organizaciones delictivas vinculadas a la minería ilegal en la provincia del Guayas, advirtiendo que estos grupos llegaron a movilizar sumas millonarias cada día producto de la explotación ilícita de recursos naturales.
Durante su intervención pública, el funcionario señaló que las investigaciones en curso apuntan a una estructura criminal organizada, con presencia en zonas rurales donde operaban campamentos mineros clandestinos y maquinaria pesada, sin control estatal ni permisos ambientales.
La minería ilegal: una economía paralela
Según explicó Reimberg, la minería ilegal se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado en la costa ecuatoriana.
Estas redes no solo extraen minerales de manera irregular, sino que también canalizan sus ganancias hacia actividades ilícitas como el tráfico de armas, la extorsión y el lavado de dinero, afectando directamente la economía formal del país.
El ministro advirtió que este tipo de operaciones criminales erosionan la autoridad del Estado y ponen en riesgo la seguridad de las comunidades locales. “Cada retroexcavadora ilegal representa un golpe a la soberanía y al desarrollo”, señaló en su declaración.
Guayas bajo presión
La provincia del Guayas, históricamente asociada con la producción agrícola y el comercio, enfrenta ahora una expansión de actividades extractivas ilegales en sectores estratégicos.
Autoridades del Interior han iniciado operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas para desmantelar campamentos y recuperar el control de las zonas afectadas.
Hacia una respuesta integral
Reimberg adelantó que el Gobierno implementará una estrategia de bloqueo financiero y control territorial, dirigida a cortar las fuentes de ingreso del crimen organizado y garantizar la recuperación del control estatal sobre las zonas mineras.
El ministro insistió en que la lucha contra la minería ilegal no es solo un tema policial, sino también económico y ambiental, por lo que se requerirá coordinación entre distintas instituciones del Estado.
Ecuador atraviesa una etapa en la que las organizaciones delictivas buscan diversificar sus fuentes de financiamiento, pasando del narcotráfico a otras actividades ilegales como la minería, el contrabando de combustible y la extorsión.
La advertencia del ministro pone de relieve la magnitud del desafío, en un momento donde el país intenta fortalecer sus políticas de seguridad y control económico.
