Guayaquil, 31 de octubre de 2025. El presidente Daniel Noboa aclaró este jueves que no se instalará ninguna base militar extranjera en las Islas Galápagos, en respuesta a críticas de opositores que advertían sobre posibles impactos ambientales en el archipiélago, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad.
Durante sus declaraciones, el mandatario explicó que la opción de Baltra ha sido descartada y que se estudian posibles ubicaciones en la costa continental, incluyendo ciudades como Manta y Salinas, para futuros proyectos de cooperación internacional con Estados Unidos enfocados en seguridad y control de actividades ilícitas, como el narcotráfico y el contrabando marítimo.
“No se trata de afectar los ecosistemas de Galápagos. La prioridad es protegerlos y buscar alternativas que garanticen la soberanía y la seguridad de Ecuador”, afirmó Noboa.
Contexto de la propuesta
El Ejecutivo planteó la inclusión de una pregunta en la consulta popular del 16 de noviembre, relacionada con la modificación del artículo 5 de la Constitución, que actualmente prohíbe bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. La intención es abrir la puerta a acuerdos de cooperación internacional en lugares estratégicos del país, sin comprometer zonas ecológicamente sensibles.
Implicaciones ambientales y de seguridad
- Protección de Galápagos: La medida asegura que la flora y fauna endémica del archipiélago no se verá afectada por presencia militar extranjera.
- Soberanía y control territorial: El anuncio refuerza el mensaje de que cualquier cooperación internacional no comprometerá la soberanía de Ecuador.
- Seguridad estratégica: La ubicación de bases o acuerdos en la costa continental permitirá mejorar el control de actividades ilícitas sin interferir en ecosistemas frágiles.
Analistas y medios locales destacan que la medida:
- Permite un diálogo más claro sobre seguridad y cooperación internacional.
- Genera expectativas sobre los lugares específicos que se podrían usar en Manta o Salinas.
- Mantiene la atención sobre la consulta popular y su impacto en la opinión ciudadana.
Con esta decisión, el Gobierno busca un equilibrio entre seguridad, soberanía y protección ambiental, evitando generar alarma o críticas sobre la preservación del archipiélago.
jn
