Guayaquil, 17 de octubre de 2025. El fiscal general encargado Carlos Leonardo Alarcón Argudo ha solicitado el archivo de la investigación que se seguía contra el presidente Daniel Noboa, su esposa Lavinia Valbonesi y dos directivos de la minera canadiense Dundee Precious Metals (DPM).
La causa indagaba si existió tráfico de influencias en la concesión de la licencia ambiental para el proyecto minero Loma Larga, en la provincia de Azuay, Azuay.
Antecedentes de la denuncia
- La investigación fue iniciada el 26 de agosto de 2025, cuando el excandidato presidencial Yaku Pérez presentó una denuncia contra Noboa, Valbonesi y la minera.
- Las acusaciones señalaban que DPM habría realizado donaciones al proyecto social ANA, liderado por la primera dama, poco después de obtener la licencia ambiental. Además, se denunció que el Presidente habría tenido reuniones previas con altos directivos de la minera en Toronto.
- También se habló de posibles eliminaciones de videos donde Valbonesi habría anunciado los apoyos de la empresa minera.
Qué implican el archivo y los tiempos
- El pedido de archivo fue ingresado por el fiscal Alarcón el 8 de octubre de 2025.
- El expediente ya está en la Corte Nacional de Justicia (identificado como expediente 17721-2025-00221G) y recayó en la Sala Especializada de lo Penal, Corrupción, y Crimen Organizado, presidida por la jueza Daniella Camacho.
- Alarcón actuó como fiscal general subrogante, sustituyendo temporalmente al titular Wilson Toainga.
Argumentos y respuestas
- Según los informes, el fiscal Alarcón concluye que no hay indicios suficientes de delito ni de responsabilidad penal en los hechos denunciados.
- Yaku Pérez ha criticado la rapidez con la que se solicitó el archivo, alegando falta de transparencia y que no se le notificó formalmente del pedido.
Importancia y repercusiones
- La decisión de archivar —si la Sala Penal de la Corte Nacional lo ratifica— implicaría que esta investigación se cierre sin hallazgos públicos de responsabilidad para las personas denunciadas.
- El caso Loma Larga ha generado protestas sociales, especialmente en Cuenca y Azuay, donde comunidades locales han mostrado preocupación por potenciales afectaciones ambientales y por la legitimidad del permiso ambiental concedido.
- También pone al descubierto tensiones entre las funciones investigativas de la Fiscalía, los derechos ciudadanos de denuncia y la exigencia de claridad en procesamientos de alto perfil.
El pedido de archivo de la investigación sobre presunto tráfico de influencias en el proyecto Loma Larga abre más preguntas que certezas. Aunque el fiscal Alarcón señala falta de indicios penales, la rapidez del proceso, las críticas sobre la transparencia y las expectativas de la ciudadanía insisten en que debe haber una explicación clara y completa. En asuntos de interés público, como lo ambiental y lo político, el cierre de una causa sin respuestas contundentes no devuelve la confianza ni satisface las demandas sociales de justicia.
