Un reciente informe de Amnistía Internacional expone cómo la militarización de la seguridad pública en Ecuador ha abierto la puerta a graves violaciones de derechos humanos, entre ellas la desaparición forzada de personas atribuida a las Fuerzas Armadas.
El documento, titulado “Son militares, yo los vi”, recopila evidencias de al menos 10 desapariciones ocurridas durante cinco operativos de seguridad ejecutados en 2024 en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos y Guayas. Estos hechos, según la organización, reflejan un patrón de denuncias que se expande en el marco del denominado Plan Fénix, impulsado por el gobierno del presidente Daniel Noboa.
El informe detalla casos que conmocionaron a la opinión pública: detenciones documentadas en videos, testigos que aseguran haber visto a las víctimas bajo custodia militar y familias que aún desconocen el paradero de sus seres queridos. Entre ellos están Cirilo Minota (35), detenido en Esmeraldas; Dave Loor (20) y Juan Daniel Santillán (27), arrestados en Los Ríos; o los adolescentes Jostin Álvarez (17) y Jairo Tapia (16), interceptados en Babahoyo, donde uno de ellos denunció torturas antes de volver a desaparecer.
Uno de los episodios más dolorosos involucra a cuatro niños de Guayaquil, de entre 11 y 15 años, cuyos cuerpos aparecieron sin vida semanas después de haber sido detenidos por la Fuerza Aérea, generando indignación nacional e internacional.
La investigación advierte que se cumplen los tres elementos que configuran la desaparición forzada bajo el derecho internacional: la privación de libertad, la participación de agentes estatales y la negativa a reconocer la detención o a informar sobre el paradero de las víctimas. Según datos de la Fiscalía General del Estado, desde 2023 se han recibido al menos 43 denuncias de desapariciones forzadas, lo que muestra la magnitud del problema.
Amnistía Internacional también señala trabas en los procesos judiciales: las Fuerzas Armadas se han negado a entregar información alegando “secreto” o “reserva”, mientras que la Fiscalía ha incurrido en demoras, falta de resguardo de pruebas y apertura de expedientes bajo otras figuras jurídicas, lo que dificulta el acceso a la verdad y a la justicia.
El impacto de estos hechos ya ha tenido eco fuera del país. En 2024, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió 22 acciones urgentes relacionadas con Ecuador, mientras que el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil registró 33 desapariciones en ese mismo año. Frente a la falta de respuestas, los familiares conformaron el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Ecuador, que realiza acciones de denuncia e incidencia en demanda de justicia.
El informe concluye que la estrategia estatal basada en la militarización, declaratoria de estados de excepción y la figura de “conflicto armado interno” ha debilitado la protección ciudadana y ha incrementado los riesgos de violaciones graves a los derechos humanos. Por ello, Amnistía Internacional insta al Estado a revertir la militarización de la seguridad, garantizar investigaciones independientes y efectivas, asegurar la cooperación de las Fuerzas Armadas y permitir la participación de organismos internacionales en los procesos de investigación.
