La asambleísta Mónica Palacios, de la bancada Revolución Ciudadana, fue suspendida por 90 días sin remuneración por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) tras una denuncia presentada por la legisladora oficialista Nataly Morillo (ADN). La sanción se basa en acusaciones de alteración del orden en una sesión de la Comisión de Biodiversidad y la emisión de calumnias contra el presidente Daniel Noboa y su esposa Lavinia Valbonesi.
🔹 Motivo de la sanción
La denuncia de Morillo señala que, durante la sesión n.º 037 de la Comisión de Biodiversidad el 10 de septiembre de 2025, Palacios acusó públicamente al presidente y su esposa de un presunto tráfico de influencias relacionado con la empresa minera Dundee Precious Metals. Además, se alega que Palacios alteró el orden de la sesión al alzar la voz y exhibir un cartel, incluso después de que su micrófono fuera apagado por la presidenta de la comisión, Camila León (ADN).
El CAL determinó que estas acciones constituyen faltas administrativas muy graves, conforme al artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que sanciona la provocación de incidentes violentos y el uso de términos ofensivos o que inciten al odio en sesiones del pleno o comisiones especializadas.
🔹 Reacción de Mónica Palacios
La legisladora ha anunciado que presentará una acción de protección, argumentando que es una madre lactante y apelando a una sentencia de la Corte Constitucional que prohíbe dejar sin recursos a una madre lactante. Palacios sostiene que su sanción es una forma de persecución política y una violación a sus derechos como legisladora y madre.
🔹 Implicaciones políticas
La sanción de 90 días sin pago no solo afecta a Palacios económicamente, sino que también refleja las tensiones entre el oficialismo y la oposición en la Asamblea Nacional. Analistas consideran que este caso pone de relieve las dinámicas de poder y la disciplina legislativa en el actual periodo legislativo.
La suspensión de 90 días sin remuneración a Mónica Palacios marca un precedente en la aplicación de la disciplina legislativa dentro de la Asamblea Nacional. La medida refleja las tensiones existentes entre oficialismo y oposición y plantea interrogantes sobre los límites de la libertad de expresión de los legisladores. Además, la decisión ha generado un debate sobre la protección de derechos especiales, como los de las madres lactantes, y sus implicaciones en sanciones políticas futuras.
