Guayaquil, 23 de septiembre de 2025. Este lunes 22 de septiembre de 2025 marcó un punto de inflexión en la agenda política y social del Ecuador. Con un pronunciamiento oficial del Gobierno, liderado por el presidente Daniel Noboa, se ejecutaron varias medidas de ajuste económico, acciones de seguridad, gestos hacia los sectores sociales más afectados, y hubo una respuesta clara a las movilizaciones convocadas por la Conaie y otras organizaciones indígenas y sociales. A continuación, desglosamos los principales anuncios, las reacciones, y los retos que se visualizan para los próximos días.
Principales decisiones del Gobierno
- Eliminación del subsidio al diésel
- El Ejecutivo reafirmó su decisión de suprimir el subsidio para el diésel, una medida que ya había sido adoptada días previos, pero que sigue siendo el núcleo del descontento social.
- Con ese decreto (Decreto 126), el precio del diésel subió de aproximadamente USD 1,80 a USD 2,80 por galón, lo que representaba un gasto estatal de cerca de USD 1.100 millones al año.
- Redistribución de recursos e incentivos económicos
- En paralelo con la medida del diésel, el Gobierno empezó a entregar incentivos del orden de más de USD 300 millones, dirigidos a unas 590.000 familias como parte de lo que se denomina “plan de redistribución de recursos”.
- Se anticipan compensaciones especiales para transporte, apoyo productivo, y medidas sociales para amortiguar el impacto del ajuste.
- Medidas de seguridad y estado de excepción
- Se decretó estado de excepción en provincias donde las protestas podrían adquirir mayor fuerza, tales como Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo, Bolívar y Carchi.
- Se estableció toque de queda en varias jurisdicciones.
- Fuertes despliegues de Policía y Fuerzas Armadas en vías principales, puntos estratégicos de manifestación, y la militarización de sectores sensibles (como Latacunga) para evitar cierres de carreteras y otros bloqueos.
- Suspensión de clases presenciales
- En al menos 11 localidades de la Sierra se suspendieron temporalmente las clases presenciales como medida de prevención ante el paro nacional. En otras regiones, la modalidad educativa continúa con normalidad por el momento.
- Próximas acciones y exigencias sociales
- El Movimiento Indígena de Tungurahua (MIT) emitió un ultimátum al Gobierno: da 48 horas para que Noboa responda a sus demandas o se sumarán con más fuerza al paro nacional.
- Las resoluciones internas del MIT incluyen asambleas comunitarias permanentes, propuestas claras de diálogo, y advertencias de adoptar medidas contundentes si no hay respuesta.
- Migración temporal de la sede del Ejecutivo
- En un gesto simbólico pero también estratégico, el presidente Noboa trasladó la sede del Ejecutivo a Latacunga, provincia de Cotopaxi, región con importante presencia indígena. Con esto se busca acercarse a las comunidades afectadas por las medidas y prevenir posibles protestas frente a Quito.
Reacciones sociales y estado de ánimo público
- Las manifestaciones contra la medida del diésel y otras decisiones gubernamentales se mantuvieron focalizadas, con actividades principales en provincias de la Sierra, como Imbabura, Cotopaxi, Pichincha, Bolívar, Chimborazo. No obstante, en Quito y Guayaquil la vida cotidiana transcurrió con relativa normalidad.
- Las fuerzas del orden dispersaron bloqueos y puntos de protesta, especialmente en rutas estratégicas y entradas de ciudades. Se reportaron detenidos (alrededor de 24 hasta la noche del lunes) y confrontaciones menores.
- Las comunidades indígenas, organizaciones sociales, el Movimiento Indígena de Tungurahua, entre otros, han dicho que no retrocederán hasta que se derogue el decreto que quita el subsidio al diésel, reducciones de IVA, revisión de licencias mineras, presupuestos dignos en salud, educación y seguridad, y se cumplan promesas de campaña.
Desafíos, preguntas abiertas y lo que viene
- Balance entre urgencia fiscal y estabilidad social
El Gobierno insiste que la eliminación del subsidio al diésel era necesaria para sanear las cuentas públicas y redirigir esos recursos hacia sectores sociales y productivos. Sin embargo, la magnitud del impacto sobre comunidades rurales, transporte, agricultura y pueblos indígenas genera tensiones difíciles de manejar. - Gestión del diálogo y legitimidad política
La exigencia de diálogo y de revertir algunas decisiones se ha vuelto central. Que el Ejecutivo haya movido la sede a Latacunga indica conciencia del malestar, pero también expone al Gobierno a situaciones de confrontación directa. ¿Cómo se negociarán las exigencias sin que esto parezca una señal de debilidad? - Estabilidad de los servicios básicos y educación
Suspender clases en ciertas zonas es una medida que busca proteger, pero también deja en evidencia los costos colaterales del conflicto: aprendizaje interrumpido, trabajadores desplazados, logística afectada. - Seguridad y derechos humanos
Las denuncias de “actos terroristas” o de represión con armas, los enfrentamientos policiales o militares, los bloqueos de carreteras, y las detenciones plantean preguntas sobre hasta dónde llegará el uso de la fuerza estatal, y cómo se protegerán los derechos constitucionales de manifestación y disenso. - Seguimiento urgente de las propuestas indígenas
El ultimátum de 48 horas del MIT, así como las resoluciones comunitarias, elevan la apuesta: el Gobierno tiene poco margen para demorar respuestas, si no quiere agravar la situación de crisis.
Lo que viene dependerá en gran medida de la capacidad del Estado para dialogar de manera creíble, de la respuesta de los sectores movilizados, y de cómo se genere un balance entre el ajuste económico imperativo y la justicia social. Si el Gobierno logra cumplir lo prometido, aliviar los costos reales del ajuste y garantizar derechos fundamentales, podría encontrar una salida relativamente estable. De lo contrario, las movilizaciones podrían intensificarse y generar mayores impactos en la economía, la seguridad y la gobernabilidad.
