Guayaquil, 12 de septiembre de 2025. El presidente de la Corte de Guayas llamó a juicio a los ex alcaldes de Durán, Dalton Narváez y Alexandra Arce, por presunto peculado en contratos relacionados con el sistema de agua potable “El Chobo”. La Fiscalía estima un perjuicio de más de USD 40 millones. Las irregularidades incluyen contratos inflados y obras no operativas. El caso se perfila como uno de los mayores escándalos de corrupción municipal en la última década.
Lo que se sabe hasta ahora
- El presidente de la Corte de Justicia de Guayas ha dictado el llamado a juicio contra los ex alcaldes de Durán Dalton Narváez y Alexandra Arce, así como otros nueve procesados, por el presunto delito de peculado en los contratos del sistema de agua potable “El Chobo”.
- Según la Fiscalía, el perjuicio económico para el Estado alcanzaría los USD 40 millones.
- Narváez permanece detenido desde su deportación desde Colombia (enero de 2025), mientras que Arce ha solicitado arresto domiciliario alegando problemas de salud.
Elementos clave de la imputación
- La obra en cuestión sería el contrato denominado “Mejoramiento y Optimización del Sistema de Conducción de Agua Potable de El Chobo a Durán”, adjudicado originalmente en 2014.
- Se señala que el proyecto fue inflado en costos: lo que inicialmente se estimó en unos USD 21,5 millones terminó facturándose como USD 39,9 millones, pese a que la obra jamás estuvo operativa.
- También están implicadas irregularidades en los estudios previos, selección de oferentes que incumplían requisitos, precios inflados, contratos complementarios que no se justifican, y aparentemente decisiones unilaterales para cambiar la naturaleza del financiamiento.
Estado procesal
- La Corte Provincial de Guayas aceptó el pedido de juicio desde el 11 de septiembre de 2025.
- Dalton Narváez tiene orden de prisión preventiva y ya está detenido.
- Alexandra Arce ha sido vinculada al proceso penal desde noviembre de 2024 y enfrenta medidas cautelares, aunque su defensa ha pedido se le otorgue arresto domiciliario por salud.
Además, la magnitud del presunto perjuicio y la cantidad de involucrados muestran lo complejo y extenso del caso, lo que podría marcar un precedente en la responsabilidad penal de quienes administran recursos públicos.
El caso “El Chobo” reaviva la preocupación ciudadana sobre el uso adecuado del presupuesto público y la transparencia en la gestión municipal. La sentencia judicial próxima no sólo determinará responsabilidades individuales, sino que evaluará si los mecanismos estatales de control y fiscalización han sido suficientes para prevenir malas prácticas.
