Guayaquil, 9 septiembre 2025 – La crisis sanitaria que atraviesa la ciudad ha alcanzado un punto crítico. El Hospital Abel Gilbert Pontón —referencia del sistema público en la región— ahora opera con menos del 40 % de sus quirófanos disponibles, lo que ha dejado a miles de pacientes en largas listas de espera y en una situación de angustia e incertidumbre.
Problemas estructurales y operativos
Un informe reciente evidencia el alarmante estado de los quirófanos del hospital. Se describen fallas en el techo, lavaderos en mal estado, goteras y mala climatización, lo que representa un riesgo constante de infecciones quirúrgicas. En algunos casos, se registraron operaciones mientras las salas aún estaban húmedas.
Pacientes y familias, obligados a proveer lo indispensable
La falta de insumos es tan grave que los familiares de los pacientes deben llevar desde medicinas hasta gasas y tubos de PCR para que se puedan realizar procedimientos básicos. Incluso, los instrumentos quirúrgicos deben ser esterilizados fuera de las instalaciones, pues el hospital carece de capacidad interna para hacerlo; son enviados a otras clínicas en bolsas negras.
En palabras de una madre angustiada: “Mi hijo necesita una operación, pero el hospital no la puede hacer” —un relato que refleja la desesperanza de muchas familias que buscan atención urgente en el hospital.
Un sistema al borde del colapso
La crisis no es aislada. Médicos y gremios han pedido declarar en emergencia al sistema público tras la muerte de 12 bebés en hospitales de Guayaquil y el desabastecimiento generalizado en medicinas e insumos. Esta situación agónica se refleja también en hospitales como Francisco de Icaza Bustamante, donde de cinco quirófanos, solo uno —el de emergencia— estaría en funcionamiento.
El Hospital Abel Gilbert Pontón no solo atrae por su tamaño y atención diaria, sino porque representa el único salvavidas para muchos guayaquileños ante la insuficiencia del sistema de salud. La escasez de quirófanos operativos, medicinas y recursos vitales convierte cada operación en una batalla por la supervivencia. La salud pública está al límite, y exige una respuesta urgente y contundente.
La salud no puede seguir siendo una promesa pendiente. La falta de infraestructura, insumos y personal adecuado no solo compromete vidas, sino que profundiza la desigualdad. El Estado tiene la obligación ineludible de actuar de forma inmediata, con transparencia y responsabilidad, para evitar que lo que hoy es un problema estructural se convierta en una tragedia nacional.
