El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, presentó ante la Corte Constitucional (CC) un paquete de cuatro preguntas para someter a referéndum, en busca de enmendar la Constitución del Ecuador en temas laborales, políticos e institucionales.
La propuesta se encuentra en fase de control previo constitucional, y, de obtener dictamen favorable, podría ser sometida a votación ciudadana. A continuación las preguntas:
1. Contratación por horas en el sector turístico
La primera pregunta plantea permitir la contratación laboral por horas únicamente para el sector turismo y solo cuando se trate de la primera relación laboral entre empleador y trabajador.
Según el Gobierno, esta medida responde a la naturaleza estacional de la industria turística, que concentra su demanda en temporadas altas, y busca generar empleo formal sin afectar los derechos adquiridos.
La enmienda reformaría el artículo 327 de la Constitución y obligaría a la Asamblea Nacional a ajustar la legislación laboral en un plazo máximo de 90 días tras la aprobación.
2. Reducción del número de asambleístas
La segunda pregunta propone disminuir el tamaño de la Asamblea Nacional, pasando de 151 a un número reducido bajo nuevas reglas:
- 10 asambleístas por circunscripción nacional.
- 1 asambleísta por provincia, más uno adicional por cada 400.000 habitantes.
Se mantendría la representación del exterior y otras formas establecidas por ley.
El Ejecutivo argumenta que esta reducción optimizaría recursos y mejoraría la eficiencia legislativa, sin afectar la representatividad ciudadana.
3. Eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)
La tercera pregunta busca suprimir el CPCCS y traspasar sus funciones a la Asamblea Nacional, la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo.
Este órgano, creado en la Constitución de 2008, es responsable de designar a altas autoridades como el Fiscal General, Contralor, Defensor del Pueblo y miembros del Consejo de la Judicatura.
De aprobarse, se reformarían múltiples artículos constitucionales y se establecerían nuevos procedimientos de selección mediante comisiones calificadoras. Los actuales consejeros cesarían de manera anticipada.
4. Juicio político a jueces de la Corte Constitucional
La última pregunta propone incluir a los jueces de la Corte Constitucional en la lista de autoridades sujetas a juicio político por parte de la Asamblea Nacional, pero con causales específicas:
- Violación flagrante y reiterada de funciones.
- Sentencia ejecutoriada por delitos.
- Arrogación manifiesta de funciones.
Se excluye la mera discrepancia con sus decisiones jurisdiccionales, y se prevé un debido proceso con garantías reforzadas.
La Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre la viabilidad jurídica y el procedimiento para cada pregunta. Si avala el mecanismo de enmienda por referéndum, el presidente Noboa podrá emitir el decreto de convocatoria para que la ciudadanía decida en las urnas.
De aprobarse, estas reformas implicarían cambios profundos en el ámbito laboral, la composición legislativa, la estructura de la Función de Transparencia y Control Social, y el control político sobre la Corte Constitucional.
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