La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado ecuatoriano que explique, en un plazo inicial de tres meses, la destitución del entonces presidente Abdalá Bucaram en 1997 bajo la causal de “incapacidad mental”. Bucaram reclama USD 200 millones como “reparación integral” y también pide sanciones contra los legisladores que impulsaron su salida. Aún no hay una condena ni un fallo: el proceso está en fase de información y podría derivar en varios caminos, desde el archivo hasta un acuerdo amistoso o un eventual litigio ante la Corte IDH.
Qué pidió la CIDH y cuál es el plazo
El 11 de agosto de 2025, la CIDH notificó a Ecuador para que justifique las razones por las cuales Bucaram fue destituido en febrero de 1997. El Estado tiene tres meses para responder y puede solicitar una prórroga de hasta cuatro meses. La CIDH aclaró que este requerimiento no implica un prejuzgamiento sobre la admisibilidad o el fondo del caso.
Qué reclama Bucaram
Bucaram sostiene que su destitución se decidió sin juicio político y sin peritaje médico que acreditara incapacidad, por lo que habría vulneración al debido proceso. Por ello solicita USD 200 millones como reparación integral y plantea responsabilidades para los entonces legisladores que votaron por su salida.
El contexto de 1997: 44 votos y una destitución polémica
El 6 de febrero de 1997, el Congreso —presidido por Fabián Alarcón— aprobó con 44 votos una moción presentada por Franklin Verduga para cesar a Bucaram por “incapacidad mental”. Tras ese episodio, se produjo una disputa institucional: Rosalía Arteaga asumió brevemente y luego el Congreso designó a Alarcón como presidente interino. La ausencia de examen médico y el atajo político siguen siendo el núcleo de la controversia que hoy revisa la CIDH.
