El juez federal Daniel Rafecas dio luz verde a continuar el proceso penal por el atentado a la AMIA en ausencia de los principales imputados, entre ellos exfuncionarios del régimen iraní.
En un paso sin precedentes en la justicia argentina, el juez federal Daniel Rafecas resolvió continuar el proceso judicial por el atentado contra la AMIA, perpetrado en 1994, aplicando por primera vez la figura del juicio en ausencia contemplada en la nueva ley 27.784.
Esta decisión, que marca un giro trascendental en la búsqueda de justicia por uno de los hechos más dolorosos del país, alcanza a varios ciudadanos iraníes acusados de haber participado en el ataque, entre ellos Alí Fallahijan, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Mohsen Rabbani y otros miembros del entonces gobierno iraní, todos ellos prófugos y declarados rebeldes desde hace años.
El atentado a la sede de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, dejó 85 muertos y más de 150 heridos, y fue calificado como crimen de lesa humanidad y acto de terrorismo internacional, con pruebas que involucran a la organización Hezbollah y al Estado iraní en la planificación y ejecución del hecho.
La resolución se basa en que los imputados, con pleno conocimiento del proceso en su contra, han evadido por décadas los pedidos de extradición y órdenes de captura internacional. El fiscal Sebastián Basso argumentó que se cumplen todos los requisitos exigidos por el Código Procesal Penal para activar esta herramienta jurídica excepcional.
El fallo ha generado posturas encontradas: mientras la AMIA, la DAIA y otros familiares de víctimas apoyan la medida como una respuesta necesaria ante la impunidad, agrupaciones como Memoria Activa, APEMIA y otras querellas expresaron su rechazo, argumentando que se trata de un intento de cerrar la causa sin la profundidad investigativa requerida.
⚖️ La resolución establece que se conservarán todas las pruebas y registros audiovisuales por 100 años, permitiendo la revisión del juicio en caso de que los imputados se presenten o sean capturados en el futuro.
Este hecho marca un precedente histórico en el sistema judicial argentino y reaviva la esperanza de justicia para las víctimas del atentado más brutal que ha sufrido la República Argentina en tiempos de paz.
