La Nueva República

Gobierno descuida cárceles: Riña desata masacre y refleja la Crisis Carcelaria del País

Ecuador se despertó con la noticia de 15 muertos y 14 heridos además de 9 presos procesados en la Cárcel del Litoral, situación que ha generado conmoción y preocupación en todo el país.

Según informes de la policía y el Ministerio de Justicia, la masacre se produjo entre bandas que se pelean por tener el control de las cárceles. El enfrentamiento se dio con  armas blancas y explosivos. La sobrepoblación carcelaria es un problema que viene ya enfrentando el país hace algunos años.

Según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el sistema penitenciario ecuatoriano alberga a más de 40.000 personas, cuando su capacidad máxima es de apenas 25.000.    

En el Ecuador la falta de asignación de presupuesto para las cárceles es un problema crónico, no se llega a cubrir las necesidades básicas de los Centros Carcelarios. Hasta el momento se han priorizado otros sectores, teniendo además falta de planificación y gestión eficiente de los recursos.

Las leyes ecuatorianas protegen los derechos humanos de las personas privadas de libertad.


Según la Constitución Política del Ecuador, tienen derecho a ser tratadas con dignidad y respeto, además la Ley Orgánica de Régimen Penitenciario establece  que los centros penitenciarios deben garantizar la seguridad de los internos. Así también la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad establece el cumpliento de la aplicación de medidas de seguridad y disciplina. 

En la actualidad la presencia de grupos de narcotraficantes y  crimen organizado ha generado una cultura de violencia y corrupción en las cárceles. La sociedad civil y los organismos internacionales han expresado su preocupación por la situación y han llamado al gobierno a tomar medidas urgentes para abordar la crísis. 

Esta situación ha dejado como consecuencia la erosión de la confianza en el sistema de justicia y la seguridad pública. Resulta necesario garantizar la efectiva aplicación de la ley y la protección de los derechos humanos. Sin duda en el país existe falta de compromiso político para abordar el problema de la sobrepoblación carcelaria.