A pesar de la orden judicial emitida por la jueza Viviana Pila, que concedió un plazo de 24 horas al Ministerio de Trabajo del Ecuador para corregir el registro de inhabilidad de Alexandra Villacís, la disposición no se cumplió dentro del tiempo establecido este martes 24 de marzo de 2026.
La decisión judicial se dio tras un hábeas data favorable a Villacís, recurso que buscaba la rectificación de información considerada errónea en los registros oficiales. Sin embargo, un día después del fallo, la plataforma institucional del Ministerio aún mantiene la restricción que le impide ejercer cargos públicos, argumentando una supuesta deuda tributaria.
No obstante, el Servicio de Rentas Internas ha certificado oficialmente que Villacís no registra obligaciones pendientes, lo que ha generado cuestionamientos sobre la falta de actualización de los datos en el sistema estatal.
Ante esta situación, Villacís insistió en que el Ministerio “debe rectificar su error”, señalando que esta inconsistencia, vigente desde el 9 de febrero de 2026, le ha impedido asumir funciones dentro del Consejo de la Judicatura del Ecuador. Este cargo quedó disponible tras la salida de Mario Godoy, quien fue censurado por la Asamblea Nacional del Ecuador.
De acuerdo con criterios de especialistas en derecho administrativo y fuentes vinculadas al sector público, el incumplimiento de una orden judicial podría acarrear responsabilidades legales para la institución, además de evidenciar fallas en la coordinación interinstitucional y en la actualización de registros oficiales.
