Desde el inicio de su gestión, el presidente Daniel Noboa ha dado prioridad al discurso bélico y a las políticas de ‘mano dura’. Así poco a poco el oficialismo fue implementando medidas como la declaratoria de conflicto armado interno, la calificación de terroristas para 22 grupos delictivos, los estados de excepción, la militarización de las cárceles, las reformas penales, la Ley de Inteligencia.
Ese giro en la visión de la seguridad estatal y los ajustes para permitir que el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas tengan más ‘armas’ legales y menos restricciones y controles ha levantado preocupaciones tanto dentro como fuera de Ecuador. Por ejemplo, las polémicas leyes de Solidaridad Nacional, Integridad Pública e Inteligencia acumularon 41 demandas ante la Corte Constitucional (CC).
Las dos primeras leyes fueron dadas de baja por inconstitucionales y la de Inteligencia recibió un freno temporal, bajo medidas cautelares a 16 de sus más cuestionados artículos y a otra docena en su Reglamento. Sin embargo, las demandas restantes esperan un dictamen definitivo desde julio de 2025.
En tanto, la campaña gubernamental contra el crimen organizado ha estado marcada por un régimen especial. En sus 27 meses de Gobierno, Noboa ha decretado 20 estados de excepción. La detención de supuestos delincuentes o terroristas se cuentan por miles, lo que disparó el hacinamiento carcelario.
Sin embargo, ni la Corte Constitucional, ni la mermada oposición política, ni las manifestaciones sociales han podido disuadir al Ejecutivo de sus medidas. La suma de estos hechos llamó la atención de los relatores de las Naciones Unidas, incluyendo la desaparición forzada de los niños de Las Malvinas.
