La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional histórica impulsada por el presidente Nayib Bukele, que abre la puerta a la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo. La decisión marca un giro drástico en el sistema penal del país, que hasta ahora prohibía este tipo de sanciones.
Con 59 de los 60 votos posibles, el Legislativo dio luz verde a una medida que busca endurecer al máximo las penas contra quienes el gobierno considera los principales responsables de la violencia, especialmente miembros de pandillas. La reforma elimina el límite previo de 60 años de prisión, así como los mecanismos que permitían reducciones de condena, con el objetivo de garantizar que ciertos criminales no vuelvan a salir de prisión.
Según el texto aprobado, “la pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”, en una modificación directa a la Constitución. Sin embargo, la reforma aún deberá ser ratificada en una segunda votación para entrar en vigencia oficial.
Desde el oficialismo, la vicepresidenta de la Asamblea, Suecy Callejas, defendió la medida señalando que busca asegurar que los criminales “cumplan su pena para siempre y no regresen a las calles”. En la misma línea, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó que esta reforma forma parte de una “guerra sin cuartel contra los terroristas”, en referencia a las estructuras de pandillas.
Fuentes oficiales sostienen que esta iniciativa se enmarca en la política de seguridad del gobierno de Bukele, que ha llevado a El Salvador a tener una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo, bajo el régimen de excepción vigente desde 2022.
No obstante, la aprobación de la reforma sin debate previo ha generado cuestionamientos por parte de analistas y sectores de derechos humanos, quienes advierten sobre posibles implicaciones legales y constitucionales, así como el impacto a largo plazo en el sistema judicial salvadoreño.
