La organización política Revolución Ciudadana (RC5) anunció este lunes una estrategia internacional y legal para revertir la suspensión de nueve meses impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en medio de un fuerte debate político y judicial en Ecuador. La medida, dictada el 6 de marzo de 2026 por el juez del TCE Joaquín Viteri, fue emitida tras una denuncia de la Fiscalía General del Estado, que investiga un presunto caso de delincuencia organizada con fines de lavado de activos dentro del denominado caso Caja Chica.
En una rueda de prensa en Quito presidida por la presidenta de la organización, Gabriela Rivadeneira, la RC confirmó que acudirá a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y COPAL —instancia del sistema interamericano encargada de supervisar obligaciones de los Estados en materia de derechos políticos— para impugnar la suspensión y defender sus derechos políticos. (
Rivadeneira calificó la sanción como infundada y contraria al marco legal, insistiendo en que la medida no tiene sustento jurídico y violenta el derecho constitucional de participación política de millones de simpatizantes de la Lista 5. Aseguró también que, pese a la suspensión, la organización participará en las elecciones seccionales de febrero de 2027, incluso si para entonces no recupera su registro ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Durante la conferencia, el abogado de la organización, Gabriel Rivera, denunció que el documento que dispone la suspensión no está firmado por el fiscal general del Estado encargado, Carlos Alarcón, lo que, según su interpretación, vulnera el debido proceso y abre nuevas vías de impugnación legal. Asimismo, Rivera explicó que la investigación fiscal citada en el proceso no está dirigida directamente contra el movimiento político, sino contra personas vinculadas a él, incluyendo a figuras como la excandidata presidencial Luisa González, el expresidente Rafael Correa y el excandidato Andrés Arauz, quienes han sido mencionados en el contexto del mismo caso penal.
La decisión del TCE ha generado críticas de diversos sectores de la RC y de expertos en derecho electoral, que señalan que la suspensión coincide con fechas claves del calendario electoral, lo que podría dejar al movimiento fuera de los comicios si no se revierte a tiempo. Además del recurso internacional, la organización ha anunciado que presentará requerimientos legales adicionales al propio TCE y otras instancias judiciales para hacer valer sus derechos políticos.
Este caso se suma a un ambiente político tenso en Ecuador, donde la acción judicial y las decisiones de organismos electorales y judiciales han sido objeto de debate sobre su impacto en la competencia política y la participación democrática.
