El 8 de marzo de 2026, en una decisión que sacude la política local y nacional, el Tribunal de Garantías Penales especializado en delitos de corrupción y crimen organizado resolvió dictar prisión preventiva en contra de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, en el marco del conocido proceso penal denominado Caso Triple A.
Esta determinación se dio luego de que la audiencia para revisar las medidas cautelares impuestas en abril de 2025 —que incluían el uso de un grillete electrónico y presentaciones periódicas— fuera reinstalada en el Complejo Judicial Norte de Quito, tras haberse suspendido la tarde del sábado por agenda de los jueces.
El Tribunal, por unanimidad, acogió el pedido de la Fiscalía, argumentando que Alvarez habría incumplido las condiciones impuestas anteriormente, incluyendo la supuesta manipulación o retiro del grillete electrónico, lo que para los jueces representó un riesgo procesal que justifica la medida más gravosa.
Este fallo se da en medio de un complicado escenario judicial para el alcalde, quien ya se encuentra en prisión preventiva desde el 11 de febrero de 2026 por otro caso, denominado Goleada, en el que se lo investiga por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria.
👉 ¿Qué significa esto?
La orden de prisión preventiva en el Caso Triple A implica que el burgomaestre no podrá optar por medidas cautelares sustitutivas mientras se desarrolla el proceso por presunta comercialización ilegal de combustibles, un delito que la Fiscalía señala como parte de una red investigada por el manejo irregular de hidrocarburos.
La situación ha generado amplios debates en sectores políticos y jurídicos, dado que Alvarez enfrenta dos procesos penales simultáneos con medidas cautelares severas, lo que complica su situación legal y política a nivel nacional.
