Por primera vez desde la emisión de medidas cautelares, los integrantes de la Mesa de Emergencia Penitenciaria ingresaron a los pabellones 5 y 7 de la Penitenciaría del Litoral para constatar en territorio el cumplimiento de las disposiciones ordenadas a favor de las personas privadas de libertad (PPL).
La Mesa está conformada por instituciones del Estado y colectivos de derechos humanos, entre ellos la Defensoría del Pueblo de Ecuador, que ha dado seguimiento permanente a la situación carcelaria. El recorrido de verificación se extendió por aproximadamente cinco horas, durante las cuales las autoridades inspeccionaron condiciones sanitarias, atención médica, alimentación y procesos de traslado.
Las medidas fueron dictadas por un juez constitucional de Guayaquil y respaldadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras alertas por casos de tuberculosis, cuadros de desnutrición crónica y condiciones de hacinamiento que habían sido denunciadas por familiares y organizaciones sociales. La CIDH ha señalado en informes previos la obligación del Estado de garantizar la vida, integridad y salud de las personas bajo su custodia.
Durante la inspección, el delegado de la Defensoría del Pueblo, César Vera Piedra, informó que se pudo verificar el traslado de 496 personas privadas de libertad hacia la cárcel regional cuatro, como parte de las acciones para reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones internas. “Hemos podido corroborar el traslado de 496 PPL a la cárcel regional cuatro y una serie de mejoras que se están realizando. Obviamente, esto es un proceso. Nosotros vamos a realizar visitas sorpresas para garantizar que estos cambios se sostengan en el tiempo”, señaló.
Asimismo, representantes institucionales indicaron que se está reforzando la atención médica y el monitoreo epidemiológico dentro del centro, en coordinación con entidades de salud pública, a fin de contener la propagación de enfermedades y asegurar tratamientos adecuados.
El ingreso a los pabellones 5 y 7 marca un precedente en el proceso de vigilancia interinstitucional, en medio de la crisis penitenciaria que atraviesa el país. Las autoridades anunciaron que continuarán las inspecciones periódicas para verificar que las disposiciones judiciales y las recomendaciones internacionales se cumplan de manera sostenida.
