Un grupo de adultos mayores presentó una acción de protección para exigir al Estado la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), beneficio contemplado en la normativa vigente. El recurso fue admitido a trámite por un juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, ubicada en la parroquia Mariscal Sucre, en Quito.
La audiencia pública presencial fue convocada para el 27 de febrero de 2026, a las 09:00, en la sala del cuarto piso de esa judicatura, en el sector de La Mariscal. En esa diligencia, las partes deberán sustentar sus argumentos jurídicos y exponer la situación relacionada con los presuntos retrasos en los pagos.
La acción fue impulsada por Henry Llanes, Julio Moscoso y Medardo Luna. Según Llanes, también presidente del Frente Nacional por un Nuevo IESS, la demanda responde a demoras en la entrega de recursos que, según explicó, deben ser transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas para cubrir la devolución del IVA a adultos mayores y personas con discapacidad.
De acuerdo con la Ley del Adulto Mayor, las personas mayores tienen derecho a la restitución del IVA pagado en bienes y servicios de primera necesidad, dentro de los montos y condiciones establecidos por la normativa tributaria. El proceso administrativo es gestionado por el Servicio de Rentas Internas (SRI), entidad encargada de receptar solicitudes y canalizar los pagos correspondientes.
Los accionantes sostienen que el plazo legal de hasta 90 días para efectuar la devolución resulta excesivo y que, en la práctica, los desembolsos presentarían retrasos adicionales. Argumentan que esta situación afecta la economía de un sector considerado prioritario por la Constitución y la legislación ecuatoriana.
El caso será analizado en audiencia, donde el juez deberá determinar si existen vulneraciones de derechos y si corresponde ordenar medidas para garantizar el cumplimiento oportuno del beneficio tributario.
