La mañana de este 18 de febrero, en un giro inesperado dentro del panorama institucional del país, Mario Godoy presentó su renuncia irrevocable a la Presidencia del Consejo de la Judicatura, apenas horas antes de que la Asamblea Nacional del Ecuador instalara el juicio político en su contra.
El ahora exfuncionario formalizó su decisión antes de comparecer ante el Pleno legislativo, donde estaba previsto que respondiera por graves señalamientos relacionados con su gestión. La renuncia se produce en medio de un clima de alta tensión política y cuestionamientos públicos sobre la independencia judicial.
Acusaciones y proceso legislativo
El juicio político impulsado en la Asamblea se fundamenta en denuncias por presuntas presiones indebidas a jueces y por falta de gestión administrativa al frente del organismo encargado de la administración, disciplina y evaluación del sistema judicial ecuatoriano.
De acuerdo con lo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el juicio político es un mecanismo de fiscalización mediante el cual la Asamblea puede determinar responsabilidades políticas de altas autoridades del Estado, cuando se presume incumplimiento de funciones.
El caso que detonó la crisis
El proceso también guarda relación con el caso del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien denunció haber recibido amenazas atribuidas al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. Este episodio encendió las alertas sobre posibles vulnerabilidades en la protección a operadores de justicia y la influencia de estructuras criminales en el sistema judicial.
El Consejo de la Judicatura, como órgano de gobierno, administración y disciplina de la Función Judicial, tiene entre sus competencias —según la normativa vigente— garantizar la independencia interna y externa de jueces y fiscales, así como adoptar medidas de seguridad cuando existan amenazas contra funcionarios judiciales.
Repercusiones institucionales
La renuncia de Godoy abre un nuevo escenario político y jurídico. Según la normativa aplicable, el organismo deberá activar los mecanismos correspondientes para designar a su reemplazo o establecer una subrogación temporal, mientras se define la situación institucional del Consejo.
Este hecho marca un momento decisivo para la Función Judicial, en un contexto en el que la lucha contra la corrupción y el crimen organizado continúa siendo uno de los principales desafíos del Estado ecuatoriano.
La Asamblea, por su parte, deberá determinar si el proceso de juicio político continúa o se archiva tras la renuncia, conforme a los procedimientos establecidos en la ley.
