Ecuador cerró 2025 como el año más violento de su historia reciente, al registrar 9.216 homicidios intencionales, una cifra sin precedentes en los balances oficiales de seguridad. De acuerdo con las proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el país alcanzó una tasa de 50,91 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, el nivel más alto jamás registrado, superando los picos de 2023 (47,25) y 2024 (38,80).
Los datos consolidados por entidades del Estado confirman que la violencia criminal mantuvo una tendencia al alza durante todo el año, pese a la aplicación de medidas extraordinarias. En 2024, el Gobierno declaró el conflicto armado interno como mecanismo para habilitar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, una decisión que permitió operativos militares en calles, cárceles y zonas consideradas de alto riesgo.
Sin embargo, la figura ha sido observada y cuestionada en varias resoluciones de la Corte Constitucional, que ha advertido sobre los límites legales y temporales de su aplicación, así como sobre el uso reiterado de estados de excepción. A pesar de estas acciones, los indicadores oficiales reflejan que las medidas no lograron contener el avance del crimen organizado.
Según la explicación del Ejecutivo y de organismos de seguridad del Estado, el incremento de homicidios está vinculado a la intensificación de la disputa entre bandas criminales por el control del narcotráfico, las rutas internacionales de droga y otras economías ilegales, un fenómeno que ha impactado de forma directa en varias provincias del país.
Las cifras de 2025 consolidan a la seguridad como uno de los principales desafíos estructurales del Estado ecuatoriano y marcan un nuevo punto crítico en la crisis de violencia que atraviesa el país, de acuerdo con los registros oficiales.
