La Nueva República

16 militares fueron condenados con pena máxima por el caso Las Malvinas

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS CUESTIONA NUEVA DECLARACIÓN DE TESTIGO CLAVE EN CASO LAS MALVINAS

Un tribunal de garantías penales de Guayaquil dictó este lunes condenas históricas contra 16 militares implicados en la desaparición forzada y muerte de cuatro menores de entre 11 y 15 años, cuyos cuerpos fueron hallados calcinados en la zona de Taura, a aproximadamente una hora de Guayaquil, en la provincia de Guayas.

Los hechos ocurrieron el 8 de diciembre de 2024, cuando los adolescentes Nehemías, Ismael, Josué y Steven, originarios del barrio Las Malvinas, fueron interceptados por una patrulla militar. Tras una investigación que incluyó reconstrucción de los hechos, peritajes y declaraciones de testigos, se determinó que los menores fueron detenidos de manera irregular, trasladados a un lugar no autorizado, golpeados y sometidos a maltrato, lo que finalmente resultó en su muerte.

Las sentencias fueron las siguientes:

  • Once militares recibieron 34 años y 8 meses de prisión por su participación directa en los hechos.
  • Cinco militares fueron condenados a 30 meses tras acogerse a la figura de “cooperadores eficaces” al colaborar con la investigación.
  • Un militar acusado como cómplice fue absuelto, al no encontrarse pruebas suficientes que acrediten su participación.

El juez ponente, Jovanny Suárez, señaló en la audiencia que se evidenció un patrón de ocultamiento de información, crueldad, indefensión y sufrimiento, que implicó no solo la muerte de los menores, sino un daño irreversible para sus familias. La resolución se produce después de un año de un proceso judicial complejo, marcado por audiencias, peritajes forenses y testimonios de familiares y testigos clave.

La Fiscalía General del Estado destacó que este fallo envía un mensaje claro sobre la responsabilidad de las fuerzas armadas y la protección de los derechos humanos, reafirmando el compromiso del Estado ecuatoriano con la justicia y el respeto a la vida de los menores de edad.

El caso ha generado gran impacto social y ha sido seguido de cerca por organizaciones de derechos humanos, que resaltan la importancia de sancionar severamente la desaparición forzada y el abuso de autoridad para prevenir que hechos similares se repitan en el futuro.